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| El gobierno debe eliminar toda oficina de investigación pública que opera al margen de la legalidad |
Por el menosprecio a la intimidad ajena y la poca estimación que se tiene por el gasto público la noticia de seguimientos por parte del Estado a un dirigente sindical no generera mayor impacto.
La rigurosidad con que se siguió al personaje se hubiera anhelado en tiempos en que un cabecilla del sector se paseaba con su familia en helicóptero y hasta asistía a actividades sociales, en medio de una emergencia nacional... con el dinero de todos los costarricenses.
Cualquier primo hermano de Mister Ed podría argumentar que "de por sí no le hicieron nada al sindicalista". Qué va. Si de eso se trata la tortura emocional, de doblegar a una persona bajo la amenanaza de un mal real o imaginario. De eso a una paliza hay poca diferencia, y de seguro el otro primo de Mister Ed también dirá "pero fueron simples moretones".
Esto es de mucho cuidado.Por un lado estas "operaciones secretas" podrían encontrar información que no tiene que ver con la pseudoinvestigación inicial pero su manejo ético sería incierto. Al menos -se supone- que en esferas judiciales las fotografías y conversaciones con temas que no son atinentes a la investigación son desechadas por respeto a la dignidad humana. Ojalá que en este escenario administrativo esos "descubrimientos" inesperados no terminen siendo motivo de júbilo, abrazos y celebraciones.
Además, tampoco deja de preocupar los alcances de este tipo de operaciones. Un experimento demostró que los actos gubernamentales antijurídicos, que carecen de la legalidad de la intervención judicial, tienden a llegar a consecuencias nefastas porque el empleado no cuestiona las órdenes; solo las sigue.
No sería extraño el día que alguna persona de pocas virtudes morales escuche ilegalmente las conversaciones personales de "un opositor", que haga un backup de los mensajes de texto celular y hasta utilice los mismos canales sociales para destruir moralmente al objetivo.... y de paso que los demás entiendan la suerte que correrán si se meten con el Gran Hermano.
Una vez escuché a alguien decir que los opositores debían ser aplastadados. Se puede hipotetizar con facilidad que las acciones ilegales de una persona así serán proporcionales al poder que tenga. Por lo leído en el artículo de La Nación esta expresión de inmoralidad no es una motivación excepcional dentro de la administración pública.
Es responsabilidad política del más alto nivel cortar de raíz con los mecanismos institucionales que hoy se están permitiendo pisotear los derechos del pueblo de Costa Rica. Porque los regímenes que tanto nos repugnan han iniciado con pasitos tenues contra derechos fundamentales como la presunción de inocencia, debido proceso y derecho a la intimidad y si la ciudadanía no reacciona se asume domesticada para acciones abiertamente represivas.
Para finalizar a mi también me cae mal Arguedas, pero eso no lo hace culpable de nada y si debe ser investigado de alguna supuesta falta laboral debe actuarse con apego a la legalidad y a lógica elemental en el uso de fondos públicos.
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