La muerte de Johel ha sido motivo de confusión para favorecer la desgracia (1) Por una lado están quienes creen que fue un "acto de justicia" por los delitos que cometió (para los cuales ya estaba sentenciado) y una especie de condena adelantada por el proceso pendiente en el tema de la fuga (2) En la otra esquina, pero del mismo lado, se encuentran los que consideran su muerte igual que la del delincuente que pierde la vida cuando un ciudadano decente se defiende del ataque.
Con una reflexión semiprofunda y haciendo uso de la lógica más elemental se puede concluir que ambas posibilidades no son legales ni justas.
Quienes justifican el crimen ignoran que este evento es por demás distante de cualquier noción de justicia, se trata de uno de los asesinatos más graves que han ocurrido en nuestro país: una persona fue torturada y asesinada por funcionarios de cárceles para que no los delatara como autores y cómplices de delitos.
Para quien no entienda el párrafo anterior, quiere decir que hay empleados públicos en posición de autoridad frente a los reos que se unen a ellos para delinquir, usando los recursos públicos, en horas laborales y con el poder que el Estado les confiere y, en este caso particular, después de hacer negocios ilícitos con el privado de libertad, se ensañaron contra él para evitar las consecuencias de ser descubiertos (lo peor de esta escena es que el ahora occiso advirtió lo que le estaba ocurriendo y la amenaza que enfrentaba pero, si hubo intención de auxilio, no llegó a tiempo).
Si los costarricenses no condenamos moralmente este asesinato (las autoridades ya están haciendo lo que les corresponde por ley) estaríamos entrando en una nueva fase de descomposición. La tolerancia por la corrupción nos está empujando al siguiente nivel para ser invadidos por nuevas formas de ilícitos que cunden en la región, donde las autoridades secuestran, ajustician, trafican, venden información y protección, y extorsionan ante la mirada de una población que es víctima y cómplice por su silencio.
